Le hemos preguntado a Miguel Martínez Tomey, uno de los coordinadores del proyecto, qué hemos aprendido hasta ahora y nos ha respondido esto.
1. Es una herramienta de trabajo, no un objetivo político.
Sirve para diseñar mejor legislación, detectando los impactos potenciales que las decisiones tienen en el medio rural y ayudando a plantear alternativas; no obstante, es solo una de las diversas herramientas de toda estrategia de política rural: no fija objetivos políticos para la ruralidad, pero pierde su sentido si el legislador carece de ellos.
2. Es un procedimiento de disciplina legislativa y administrativa.
Legislar y administrar pensando “en rural” es una práctica que necesita un fuerte impulso político inicial (habitualmente mediante una ley) para ser implantado, pero que ha de convertirse en un hábito de trabajo ordinario para poder arraigar y evolucionar.
3. “Ve despacio, que tengo prisa”.
Se puede implantar como una obligación, pero su aceptación, incorporación y desarrollo requieren tiempo y esfuerzo sostenido durante muchos años, con personas dedicadas y medios suficientes, así como una “narrativa” (una historia en positivo) que evite que quienes lo realizan carezcan de la convicción necesaria y pierdan el sentido de su finalidad y utilidad, convirtiéndose en un trámite formal sin objeto real.
4. Se basa en datos, evidencias y conocimiento compartido.
Ha de reunir conocimiento cuantitativo (basado en estadísticas y estudios concebidos para interpretar con precisión las realidades rurales en cada materia) y cualitativo (basado especialmente en la interacción con grupos de interés rurales, administraciones locales y expertos) y compartirlo entre departamentos.
5. Genera e instaura una valiosa forma de inteligencia de gobernanza.
Su aplicación sostenida en el tiempo, su monitorización y evaluación, su adaptación permanente y la constante ampliación de su base de datos y conocimientos adquiridos hacen que su eficacia y eficiencia aumenten con el tiempo y la práctica, convirtiéndose en un valioso activo de buena gobernanza para los poderes públicos.
